En el libre mercado la rentabilidad de una inversión se alcanza a partir de dos
tipos de demanda, la de los mercados de masas donde el número de individuos que
quieren un mismo producto es el factor que crea la rentabilidad, y la exclusiva
donde un grupo pequeño de alto poder adquisitivo demanda un producto específico. Existe, así pues, siempre un grupo de consumidores cuyos deseos no
resultan atractivos para ningún oferente puesto que no van a proporcionarles
una rentabilidad mayor que la que puedan obtener depositando su dinero en algún
producto financiero sin riesgo.
Por tanto, al no existir oferta, sus necesidades no se verán
satisfechas, aunque sean básicas y fundamentales.
Es decir, el libre mercado por si sólo jamás puede cubrir
las necesidades sociales para toda la población porque por su propia dinámica
intrínseca, distribuye los bienes en función de una demanda variable.
Ahora bien, ¿Es variable la demanda de las necesidades básicas?
Obviamente no, puesto que son necesidades comunes a todos los ciudadanos y, por
tanto, el libre mercado por su comportamiento natural expuesto con anterioridad
no es capaz de garantizar una oferta universal.
En consecuencia, nos vemos abocados a determinar que las necesidades
básicas, tanto sociales como individuales, no se pueden dejar en manos de
"las fuerzas del mercado" porque estas son incapaces de satisfacerlas completamente.
Así pues, no sería lógico derivar
determinadas áreas del sector público al sector privado ya que este se sustenta
y se mueve en función de la rentabilidad esperada. Es más, de efectuarse este trasvase,
en el mapa social encontraríamos una clase alta que demandaría una ampliación
del servicio basado en la economía de mercado y que, al mismo tiempo, exigiría
una reducción del servicio público puesto que no les proporcionaría ninguna
utilidad ya que no serían usuarios de este.
En otras palabras, un sector
público planteado como una red de protección para las clases más desfavorecidas
siempre padecerá problemas de financiación, lo que hará que los servicios ofertados
tengan muchas dificultades para alcanzar un estándar de calidad adecuado, más
aún si además consideramos que sus usuarios, personas con menos recursos,
tendrán mayor cantidad de necesidades básicas no cubiertas. Esto lógicamente,
derivará en una debilitación de la cohesión social y en la aparición de los
problemas sociales consecuentes de esta.
Por consiguiente, hasta que no se dé la situación en que
todos los ciudadanos puedan sacar verse beneficiados por los servicios públicos,
el interés en que estos servicios sean de buena calidad no será global.
Finalmente, y en consonancia con la pretensión de crear un sistema
democrático justo, el valor de los ciudadanos en función del cual se distribuyen
los recursos fundamentales que estos requieren, deberá ser idéntico. Dicho de otra forma, aquellos servicios básicos para que las
personas puedan desarrollar sus proyectos vitales deben ser homogéneos a fin de
que se respete la justa igualdad de oportunidades. Implícitamente esto supone que la
opción de acceder a estos medios o herramientas básicas debe ser un derecho
universal de cada ciudadano en virtud de su particularidad individual, es
decir, de su valor como ser humano.
En la práctica, forzados por una lógica aplastante,
la única conclusión posible es que la educación, sanidad, y las pensiones deben
ser únicamente públicas.
